BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Política Sindical de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha asegurado que desde 2009 los trabajadores catalanes han perdido, de media, un 20% de poder adquisitivo como consecuencia de los recortes salariales, facilitados en la última reforma laboral, y de la no actualización de las nóminas al IPC.
Lo ha dicho en rueda de prensa este jueves durante la presentación de un informe basado en los casos de 50 empresas con 32.000 trabajadores --la mayoría, de la industria y el sector servicios--, cuyas rebajas salariales fueron denunciadas y llegaron al departamento jurídico del sindicato.
Según el documento, en este medio centenar de compañías los sueldos han bajado entre 2012 y 2013 una media del 12%, si bien los recortes han oscilado entre el cinco y el 35%, y en una veintena de los casos la rebaja ha sido superior al 11%.
A esto hay que añadir que si la empresa ha aplicado congelaciones salariales desde 2009, los trabajadores habrían perdido un 8,6% adicional, lo que supone que, en total, el descenso de poder adquisitivo se habría situado en el 23,4%.
"No hay salida de la crisis con recorte salarial. Si una familia pierde un 20% de poder adquisitivo, la crisis de consumo es tan evidente que no se puede hablar de recuperación", ha criticado Ros.
A modo de ejemplo, ha expuesto que una persona que en 2008 cobraba 1.000 euros y ha sufrido una rebaja de sueldo del 12% y la no actualización de su nómina, ahora cobraría lo equivalente a 880 euros de entonces, lo que, a su juicio, evidencia la pérdida de riqueza de la clase trabajadora.
"BARBARIDAD"
"Es una desproporción y una barbaridad, y sitúa la magnitud de la crisis en las familias, porque los precios no paran de subir y las hipotecas hay que pagarlas", ha apuntado.
Ros ha sostenido que es posible que la situación sea peor en el caso de las pequeñas empresas, donde "puede haber pasado de todo" como consecuencia del nuevo marco laboral, al que ha definido como una 'barra libre' para la precariedad.
Por todo ello, ha pedido a las administraciones públicas que impulsen un pacto de rentas para frenar la pérdida de poder adquisitivo y que pongan en marcha políticas para ayudar a aquellas personas sin recursos.
