El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para impulsar una serie de reformas legislativas en materia de violencia de género, atendiendo, de este modo, a las iniciativas parlamentarias aprobadas en este ámbito: el Informe de la Subcomisión para el estudio y el funcionamiento de la Ley integral y la moción aprobada por el Pleno del Congreso del 7 de septiembre de 2010.
En este sentido, para avanzar en la protección de los menores que se encuentran expuestos a la violencia de género y sufren sus consecuencias de manera directa o indirecta, se instará la reforma legal que impida la posibilidad de atribuir la guarda y custodia individual al progenitor que esté incurso en un proceso penal por violencia de género.
Además, se impedirá que los hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género hereden el patrimonio de sus víctimas.
Por otra parte, para garantizar los derechos de las mujeres víctimas y proporcionarles recursos económicos, las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley integral no computarán para reconocer el derecho a las pensiones no contributivas.
Finalmente, entro otras medidas contempladas, el acuerdo establece expresamente la prohibición de que cualquier empleado público condenado por un delito de violencia de género pueda ser responsable directo o ejercer en servicios o unidades específicas para la violencia de género.
